AFP - La impunidad es la línea que une a estos 40 años en los "que no se ha logrado ni en el tiempo moderno, ni con la experiencia lamentable y la llaga abierta del movimiento del 68, terminar o disminuir a niveles más lógicos de la impunidad que vive el país" dijo a la AFP José Antonio Ibáñez, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
El 2 de octubre de 1968 a las 18h00 cientos de militares mexicanos dispararon contra los manifestantes cuando unos 8.000 integrantes del movimiento estudiantil se encontraban reunidos en la plaza de Las Tres Culturas (o Tlatelolco) en la capital mexicana.
La refriega duró hasta la medianoche dejando un número aún indeterminado de muertos entre estudiantes, vecinos, militares y policías, así como 2.360 personas detenidas.
La madrugada del 3 de octubre de 1968 un vocero de la presidencia informó que había 20 muertos y 70 heridos, pero los medios internacionales y la CIA registraron en su momento unos 300 decesos y tiempo después el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que fueron entre 30 y 40 fallecidos.
Los cinco presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1929-2000) que le siguieron mantuvieron un hermetismo total sobre la masacre y sólo en 1998 se formó una comisión legislativa que llamó a declarar, sin mayores repercusiones, a Luis Echeverría, ministro del interior en 1968 y después presidente de México.
"La investigación más cuidadosa es la que hizo Kate Doyle de The National Security Achive de Estados Unidos que logró documentar 44 casos" dijo, por su parte, el investigador y promotor de la defensa de los derechos humanos, Sergio Aguayo.
La fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Delitos del Pasado, creada en 2003 por el gobierno de derecha de Vicente Fox, investigó el caso.
Como resultado del trabajo de la fiscalía, el ex presidente Luis Echevería es el único que enfrenta un arresto domiciliario por su avanzada edad, pero no por los hechos del 68, sino por la llamada guerra sucia de los años 70.
Díaz Ordaz murió en 1970, mientras que Echeverría por su edad "había perdido el sentido de la realidad y hoy la perdió ya en serio", dice Jacinto Rodríguez, autor de "1968: todos los culpables", un texto que salió a la venta esta semana.
"La mayoría de los militares involucrados ya están muertos, ya murió el (entonces) secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García y muchos otros", agrega.
La fiscalía trató de fincar a Echeverría responsabilidades por el delito de genocidio, pero fue incapaz de acreditarlo jurídicamente.
"Fox obstaculizó a la fiscalía y se comprometió con el viejo régimen para darle una amnistía de facto", aseguró Aguayó.
Esta fiscalía especial fue disuelta en 2006 y el seguimiento de los hechos de 1968 se relegó a una instancia de segundo nivel en la Procuraduría General de la República (PGR).
"El gobierno de (Felipe) Calderón no habla de eso, no creo que esté dispuesto a colaborar" y la evidencia de ese desinterés es que los archivos de la ex fiscalía están desaparecidos y la PGR niega toda información al respecto, agrega Aguayo.
Sin embargo, los mexicanos aún pueden buscar "una justicia a partir de una verdad histórica y saldar la herida con la sociedad", sostiene Rodríguez.
En términos legales los delitos han prescripto, pero no caducaron ni social ni moralmente, y por eso una comisión de la verdad sería lo más adecuado, coinciden especialistas.
Pero también están de acuerdo en que son escasas las posibilidades de que prospere durante el gobierno de Calderón, cuando el ejército está nuevamente en las calles por el combate al crimen organizado, en una guerra que sólo en 2008 ha dejado más de 3.000 muertes.
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